Border Humanity Project : La Lucha de la ACLU por un Proceso Más Humanitario en la Frontera

El Congreso aprueba la Ley de Refugiados de 1980, que alinea a Estados Unidos con la Convención sobre Refugiados de 1951 y garantiza que las personas que huyen de la persecución por «motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política» no sean devueltas a lugares donde corren el riesgo de ser perseguidas.

El proyecto de derechos de los inmigrantes (IRP) de la ACLU se funda bajo el liderazgo de Lucas Guttentag con la misión de proteger los derechos de los inmigrantes.

La ACLU se une a varias organizaciones religiosas y de derechos civiles en una demanda colectiva que cuestiona la denegación discriminatoria por parte de la administración Reagan a casi todas las solicitudes de asilo de personas provenientes de El Salvador y Guatemala, donde se libraban guerras civiles que involucraban a militares financiados por Estados Unidos. A la larga, el gobierno accedió a conceder nuevas audiencias de asilo a 240.000 personas de estos países.

La ACLU se une al Centro de Derechos Constitucionales y a los estudiantes de derecho de Yale para impugnar la detención de solicitantes de asilo haitianos positivos para VIH en un campo de detención en Guantánamo, logrando finalmente su liberación y el cierre del campo.

Los votantes de California adoptan la propuesta 187, negando la mayoría de los servicios sociales, de salud y de educación a cualquier persona sospechosa de no ser ciudadano o residente legal. La propuesta también requiere que la policía, los profesionales de la salud y los maestros verifiquen e informen el estatus migratorio de las personas, incluido el estatus de los niños. La ACLU del Sur de California y el Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicoestadounidense (MALDEF) presentan un recurso constitucional contra la medida, que finalmente prevaleció después de una batalla legal de cinco años que impidió su implementación.

El Congreso promulga dos nuevas leyes punitivas bastante radicales: la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad ante la Inmigración que impone sanciones penales y restricciones a una amplia gama de inmigrantes, y la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales que impone una prohibición de cinco años a la mayoría de los inmigrantes legales antes de que puedan ser considerados para recibir beneficios públicos federales.

Estados Unidos aplica un sistema de «deportación acelerada» que funciona prácticamente en clandestinidad y evita que se respeten las garantías procesales de las personas que solicitan asilo. Los funcionarios de inmigración de bajo rango tienen autoridad para negar la entrada a personas que buscan refugio basándose en una determinación in situ. La ACLU, liderando una coalición de organizaciones de derechos civiles, grupos de refugiados y bufetes de abogados pro bono, organiza una impugnación legal al sistema de deportación acelerada.

California aprueba la AB 540, una ley histórica que amplía la elegibilidad para la matrícula estatal a ciertos estudiantes que se graduaron de las escuelas secundarias de California, incluyendo a los estudiantes indocumentados. En 2010, la corte suprema de California ratifica la ley tras las impugnaciones de grupos antiinmigrantes. La ACLU presenta un amicus curiae en el caso Martínez contra los directivos de la Universidad de California, junto con el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, la ACLU del norte de California, la ACLU del sur de California y la ACLU de los Condados de San Diego y Imperial.

En respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos aplica una amplia gama de restricciones de carácter estricto contra inmigrantes, musulmanes, árabes y sudasiáticos. Estados Unidos pone fin a posibles negociaciones con México sobre un acuerdo de legalización de la inmigración, impone nuevas restricciones fronterizas, recorta el reasentamiento de refugiados, crea un sistema de registro discriminatorio (NSEERS) y aprueba la Ley REAL ID, que descalifica a muchas categorías de inmigrantes para obtener la licencia de conducir.

El Congreso aprueba la Ley de Seguridad Nacional de 2002, creando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y numerosas agencias bajo su dirección, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), además de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. En los años siguientes la financiación para estas agencias se dispara: la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza prácticamente se duplica entre los años fiscales 2003 y 2019, y el número de agentes del ICE dedicados a la Oficina de Detención y Deportación (ERO) casi se triplica durante este mismo período.

Los activistas antiinmigrantes forman los Minutemen, un grupo de vigilancia destinado a monitorear, intimidar y disuadir a los inmigrantes sospechosos de ingresar sin inspección por la frontera sur, especialmente en Arizona. La ACLU de Nuevo México entrena equipos de observadores legales voluntarios para seguir, fotografiar y grabar en video a los Minutemen y reunir pruebas para posibles demandas por derechos civiles.

Millones de inmigrantes y aliados marchan en ciudades de todo el país para protestar contra un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes patrocinado por el representante James Sensenbrenner. El proyecto de ley criminaliza el estatus de indocumentado y tipifica como delito ayudar a inmigrantes indocumentados. Los manifestantes denuncian el proyecto de ley y exigen una reforma migratoria integral con un camino hacia la ciudadanía. En respuesta, el Congreso debate, pero no logra aprobar una reforma migratoria integral.

La ACLU de los Condados de San Diego y Imperial encabeza una coalición de grupos de derechos civiles para bloquear una ordenanza de la ciudad de Escondido que prohíbe a los propietarios alquilar a inmigrantes indocumentados. Finalmente se resuelve la demanda, y se prohíbe permanentemente la ordenanza. La ACLU California Action luego ayuda a aprobar una ley estatal, la primera en la nación, que prohíbe a otros ayuntamientos de California promulgar ordenanzas antiinmigrantes similares (Garrett contra la ciudad de Escondido).

Mientras tanto, la ciudad de Hazleton, Pensilvania, aprueba una ordenanza antiinmigración que obliga a los propietarios a revisar los documentos de inmigración de los inquilinos y prohíbe el alquiler a personas indocumentadas. Más de 100 ayuntamientos y estados aprueban leyes similares, lo que provoca demandas de la ACLU en todo el país, incluidas las de la ACLU de Texas y MALDEF contra la ciudad de Farmers Branch, Texas. Prácticamente todas las leyes similares son anuladas por los tribunales al ser consideradas inconstitucionales.

En respuesta a los Minutemen y otros crecientes conflictos de derechos civiles a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, la ACLU de Nuevo México, con el apoyo de la ACLU, funda el Centro Regional para los Derechos Fronterizos. Este promueve la coordinación entre las filiales de la ACLU del suroeste y desarrolla estrategias colectivas para responsabilizar a la CBP.

La ACLU, la ACLU de Arizona y MALDEF presentan una demanda colectiva contra el alguacil Joe Arpaio desafiando con éxito el sistema y la práctica de su oficina de perfilar racialmente a los residentes latinos durante los retenes de tránsito y detenerlos ilegalmente bajo sospecha sobre su estatus migratorio. También presentan una demanda colectiva separada desafiando la propuesta 100 de Arizona, una enmienda constitucional estatal que prohibía la libertad bajo fianza para inmigrantes sospechosos de ser indocumentados, finalmente dicha ley es anulada en los tribunales.

La ACLU de Texas representa a nueve estadounidenses que desafían al Departamento de Estado por negarse a expedir sus pasaportes debido a la región geográfica de su nacimiento y porque sus partos fueron atendidos por parteras. La demanda colectiva fue presentada por la ACLU de Texas, la ACLU, el bufete de abogados internacional Hogan & Hartson LLP y Refugio del Rio Grande, Inc.

El Noveno Circuito confirma una orden judicial que ordena al gobierno ofrecer audiencias de fianza a los solicitantes de asilo detenidos durante seis meses o más, después de que la ACLU presentara una demanda colectiva, Rodríguez contra Hayes, impugnando la detención prolongada de solicitantes de asilo sin una audiencia de fianza.

La ACLU de Arizona presenta una denuncia en materia de derechos civiles en nombre de cinco personas que fueron detenidas ilegalmente durante los «patrullajes preventivos» de la Patrulla Fronteriza en Arizona. La denuncia también cita casos que involucran a residentes latinos de Tucson y otras ciudades de Arizona, así como a residentes nativos americanos de la nación Tohono O'odham, quienes han sido detenidos e interrogados por agentes de la Patrulla Fronteriza sin ninguna razón aparente que no sea la percepción de su raza o etnicidad.

Arizona aprueba la SB 1070, la ley «muéstrame tus documentos», que somete a las personas que parecen o suenan «extranjeras» a retenes de tránsito discriminatorios y controles de estatus migratorio. La ley también autoriza a la policía a arrestar a personas que se cree que pueden ser deportadas y tipifica como delitos estatales no portar documentos federales de inmigración y trabajar sin autorización. Las filiales de la ACLU emiten alertas de viaje en las que se advierte a los residentes de su estado sobre el riesgo de ser perfilados racialmente si viajan a Arizona o transitan por su territorio.

La ACLU y sus filiales demandan a Arizona y a otros estados que promulgan leyes «imitadoras» de la SB 1070. La Corte Suprema de los Estados Unidos deroga tres de las disposiciones de la SB 1070, pero deja en vigor la disposición que autoriza a la policía a investigar el estatus migratorio durante los retenes de tránsito. La ACLU anuncia un «fondo de guerra» para impugnar estas leyes en los tribunales y evitar su propagación a otros estados.

En Texas, los legisladores antiinmigrantes del estado fracasan por poco en su intento de aprobar una ley que imitaba la SB 1070. La ACLU de Texas estuvo tras de esto, activando las fuerzas del orden, las comunidades religiosas y las voces empresariales en oposición a la ley, y movilizando la oposición pública para detener el proyecto de ley.

La ACLU de Texas presenta una demanda ante un tribunal federal de distrito solicitando una demanda colectiva por daños y perjuicios en nombre de tres mujeres inmigrantes que fueron agredidas sexualmente mientras estaban bajo custodia de ICE en el Centro Residencial Familiar T. Don Hutto en Taylor, Texas, junto con muchas otras personas que experimentaron un trauma similar. Este litigio fue un momento clave en la campaña de la ACLU y la ACLU de Texas contra la práctica de detener a niños y familias inmigrantes.

El 9 de mayo, la ACLU del Centro Regional para los Derechos Fronterizos de Nuevo México, junto con la ACLU, presentaron una denuncia ante el DHS documentando abusos contra viajeros en los puertos de entrada en la frontera de Estados Unidos con México. La ACLU pide una investigación inmediata de las denuncias individuales de abuso por parte de CBP.

La ACLU del Centro Regional para los Derechos Fronterizos de Nuevo México y la ACLU presionan a la CBP para que desarrolle políticas que regulen el uso de la fuerza. La ACLU comienza a desarrollar recomendaciones para abordar los incidentes de uso de fuerza por parte de la CBP. Estas recomendaciones incluyen peticiones de revisiones específicas al Manual de Políticas de Uso de la Fuerza de la CBP; una mejora en el equipo donde se incluyan cámaras corporales para los agentes de la CBP; un sistema sólido y transparente de supervisión y rendición de cuentas; y una petición a la CBP para que desarrolle una política de notificación y presentación de informes sobre todas las muertes que ocurren como resultado de un encuentro con la CBP.

La ACLU de Texas y la ACLU de Nuevo México demandan a la CBP y al Centro Médico Universitario de El Paso por registrar desnuda a una ciudadana estadounidense y someterla a seis horas de registros invasivos (incluyendo exámenes con sondas rectales y vaginales) sin orden judicial. Tres años después, la CBP y el centro médico llegan a un acuerdo récord con la mujer por un total de más de 1,5 millones de dólares. Las cuatro filiales del Border Humanity Project envían cartas a 40 proveedores de atención médica que cubren 110 instalaciones advirtiéndoles contra conductas similares y advirtiéndoles sobre los derechos y responsabilidades del personal del hospital cuando se enfrentan a agentes federales que les solicitan que realicen registros invasivos e ilegales de cavidades corporales.

La ACLU de los Condados de San Diego y Imperial presenta una demanda colectiva en nombre de cientos de inmigrantes engañados por el gobierno federal y deportados erróneamente a México, negociando un acuerdo integral con el DHS que incluye un acuerdo que permite a los demandantes individuales y a una clase de personas calificadas regresar a Estados Unidos para buscar un estatus legal (López-Venegas contra Johnson).

Los residentes de Arivaca, Arizona, demandan a la Patrulla Fronteriza por su derecho a protestar contra las operaciones de los puestos de control (representados por la ACLU de Arizona y la ACLU de los Condados de San Diego y Imperial). El grupo People Helping People, había estado monitoreando la discriminación y el abuso racial en el puesto de control, y la Patrulla Fronteriza respondió amenazando con arrestar a cualquier manifestante que se adentrara en una amplia «zona de control» que rodeaba el puesto de la patrulla.

La ACLU encabeza una carta de coalición en la que pide al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que realice una evaluación del cumplimiento por parte de Estados Unidos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en lo que se refiere a violaciones de derechos humanos en sus fronteras internacionales. En ella se llama la atención sobre la creciente militarización de las comunidades fronterizas, las muertes a lo largo de la frontera, los abusos durante las detenciones y las traumáticas separaciones familiares.

La ACLU, la ACLU de Arizona y la ACLU de los Condados de San Diego y Imperial presentan el caso Rodríguez contra Swartz en nombre de Araceli Rodríguez, por el asesinato injustificado de su hijo, José Antonio Elena Rodríguez, quien recibió 10 disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza que disparó hacia México desde el lado estadounidense de la frontera. En septiembre de 2015, el agente Swartz fue acusado de asesinato en segundo grado, y fue la primera vez que un agente de la Patrulla Fronteriza fue procesado a nivel federal por asesinato.

La ACLU presenta dos demandas contra la política de la administración Obama de encerrar a madres y niños solicitantes de asilo en Texas y Nuevo México para intimidar y disuadir a otros de venir a Estados Unidos.

La ACLU de los Condados de San Diego y Imperial demanda a la ciudad de Escondido por violar la Ley federal de Vivienda Justa al negarse a aprobar un permiso para Southwest Key Programs, un contratista gubernamental sin ánimo de lucro que busca brindar vivienda a niños no acompañados que huyen de la violencia y la persecución en Centroamérica. Con el apoyo de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, la ACLU y el gobierno de Escondido llegan a un acuerdo para reparar la discriminación ilegal contra cientos de niños vulnerables (Southwest Key Programs contra la ciudad de Escondido).

La ACLU y sus socios ganan un juicio por desacato civil contra el alguacil antiinmigrante Joe Arpaio y otros dos altos comandantes de la oficina del alguacil del condado de Maricopa, Arizona por negarse a cumplir las órdenes judiciales. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presenta entonces cargos penales por desacato contra Arpaio.

La ACLU de Arizona y la ACLU de los Condados de San Diego y Imperial presentan una demanda en virtud de la Ley de Libertad de Información que finalmente arroja decenas de miles de documentos que muestran el abuso y la negligencia generalizada de los niños inmigrantes no acompañados detenidos por la CBP. En 2018, los documentos se publicaron en conjunto con la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.

La ACLU de Arizona y sus socios presentan el caso de Doe contra Johnson, una demanda colectiva contra funcionarios del DHS, que cuestiona las condiciones en las celdas de detención de la Patrulla Fronteriza: hacinamiento, frío extremo, privación del sueño, falta de atención médica y privación de alimentos y agua. Los solicitantes presentan la demanda en nombre de todas las personas que ahora están o estarán confinadas en un centro de detención de la CBP en Tucson durante una o más noches. El tribunal otorgó una orden judicial permanente en 2020 ordenando a la agencia implementar varias reformas y permitiendo que los abogados de los demandantes monitorearan las condiciones en las instalaciones de Tucson.

Los líderes latinos en el condado de Maricopa desempeñan un papel fundamental en la expulsión del alguacil Joe Arpaio de su mandato de 24 años. Durante las elecciones, Arpaio se vio obligado a soportar la carga política de las impugnaciones legales en su contra, presentadas por la ACLU y otros. Además, sus oponentes señalaron los millones gastados en honorarios legales, daños y perjuicios, y la distracción causada por sus controversias.

Después de que un agente de policía de El Cajón, California, disparara mortalmente contra Alfred Olango, un inmigrante africano desarmado que sufría una crisis de salud mental, la ACLU de los Condados de San Diego y Imperial proporcionó a los manifestantes material y orientación sobre «Conoce tus derechos» y desplegó observadores legales para proteger el derecho de reunión y protesta amparado por la Primera Enmienda.

Texas promulga la SB 4, una ley «anti refugio» que le exige al gobierno local y a los funcionarios encargados cumplir con las solicitudes federales de detención y llevar a cabo otras directivas federales de inmigración. La ACLU de Texas y la ACLU demandan, pero la ley sigue vigente después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito revoca el fallo del tribunal de distrito que había anulado casi todas las disposiciones del proyecto de ley.

El Centro Regional para los Derechos Fronterizos se traslada a Texas, con el apoyo de la ACLU. La ACLU de Texas lidera la continuación del trabajo de educación sobre «Conoce tus derechos», documentando la mala conducta del gobierno y abogando por reformas que protejan la vida y la dignidad humana. La oficina continúa siendo una colaboración de las cuatro filiales fronterizas.

Un juez federal bloquea una prohibición de asilo de Trump que negaba ilegalmente a las personas que ingresaron entre los puertos de entrada la oportunidad de solicitar asilo, en respuesta a una demanda presentada por la ACLU, el Southern Poverty Law Center y el Center for Constitutional Rights.

La ACLU y sus afiliados en todo el país presentan acciones legales desafiando la prohibición musulmana: la orden ejecutiva del presidente Trump que prohíbe a ciudadanos extranjeros de siete países predominantemente musulmanes visitar los Estados Unidos y, además, suspende la entrada de refugiados de estos países. El 26 de junio de 2018, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirma la tercera prohibición musulmana impuesta por la administración Trump.

La ACLU y la ACLU de los Condados de San Diego y Imperial presentan una demanda desafiando la política de separación familiar de la administración Trump. La demanda, posteriormente ampliada a una demanda colectiva en marzo, fue presentada en nombre de una madre congoleña solicitante de asilo que fue separada de su hija de 7 años, uno de los miles de niños que sufrieron crueldad innecesaria bajo una política diseñada intencionalmente para separar a los niños de sus padres. La demanda finalmente resulta en la reunificación de miles de niños inmigrantes con sus familias (Ms. L. contra el ICE)

La ACLU y otros grupos presentan una demanda contra la implementación por parte de la administración Trump de los Protocolos de Protección a Migrantes, más comúnmente conocidos como «Permanecer en México», una política que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México en situación de riesgo mientras sus casos son considerados en Estados Unidos.

La ACLU de Nuevo México expone y pide a los funcionarios que investiguen las actividades de los Patriotas Constitucionales Unidos (UCP), un grupo armado que patrulla la frontera suroeste, toma como rehenes a decenas de familias inmigrantes y las entrega a la Patrulla Fronteriza. Finalmente, el líder del grupo es condenado por delitos federales con armas de fuego y UCP abandona sus actividades.

La ACLU de Texas emite un informe sobre el impacto del muro fronterizo federal y posteriormente acude a los tribunales para detener el muro junto con la ACLU y el Sierra Club. En julio de 2023, el caso finalmente se resuelve cuando el gobierno acepta detener la construcción del muro y mitigar el daño ambiental en los sitios financiados ilegalmente por la administración Trump que utilizaba fondos robados del Departamento de Defensa.

La ACLU de Nuevo México y la ACLU de Texas exponen las actividades de «We Build the Wall» (WBW), una organización respaldada por el estratega político Steve Bannon que está construyendo un muro fronterizo a través de propiedad federal en un punto donde las fronteras de Nuevo México, Texas y México se cruzan. Las filiales presionan a la Comisión Internacional de Fronteras y Aguas para que imponga restricciones al muro, cosa que finalmente hace. Poco después, Bannon y el fundador de la organización, Brian Kolflage, son acusados ​​de delitos federales por fraude electrónico en un plan para desviar fondos recaudados de forma privada para WBW para uso personal de Kolflage. Este y otros dos funcionarios de WBW se declaran culpables, mientras que Bannon finalmente es indultado por el entonces presidente Trump.

La ACLU lanza Border Humanity Project, una nueva iniciativa multi estatal que alinea los esfuerzos de la ACLU y las cuatro filiales de la frontera suroeste. El proyecto tiene como objetivo fortalecer el trabajo, la capacidad y el poder de movilización de la ACLU a nivel nacional en pro del trato humano, equitativo y legal de los residentes y migrantes fronterizos.

La ACLU, la ACLU de Texas y sus socios legales presentan una demanda buscando el cese inmediato de la política de expulsión establecida en el Título 42, que restringía ilegalmente la inmigración en la frontera basándose en una invocación ilegal y sin precedentes de la Ley de Servicios de Salud Pública.

Con el apoyo de los socios de la coalición, en el 2021, la Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprueba un presupuesto al condado de 7.230 millones de dólares que refleja los valores y prioridades compartidos por la ACLU de los Condados de San Diego y Imperial. Se incluyeron fondos para la creación de una Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados, el Programa de Defensa Legal de Inmigrantes y Asistencia Monetaria para Inmigrantes de Bajos Ingresos.

Además, la ACLU de los Condados de San Diego y Imperial y sus socios de la coalición abogan con éxito para que la Junta de Supervisores del condado de San Diego asigne 3 millones de dólares a servicios de acogida humanitaria para los migrantes liberados en las calles por la CBP.

Después de que la ACLU de Nuevo México, la ACLU de Texas, y socios de la comunidad documentaran las altas tasas de muertes y lesiones graves resultantes de las persecuciones vehiculares de la Patrulla Fronteriza, la CBP hace una revisión significativa de su política de persecución vehicular. La ACLU de Nuevo México analiza la nueva política en un informe ampliamente distribuido, en el que identifica preguntas críticas sobre cómo la CBP planea implementar la nueva política.

La ACLU organiza movilizaciones, conferencias de prensa y jornadas de lobby para demostrar su oposición a los aumentos imprudentes de la vigilancia fronteriza y migratoria, y a las nuevas y radicales restricciones contra las personas que buscan asilo, contribuyendo a derogar un «acuerdo fronterizo» negociado por un pequeño grupo de senadores.