FORMULACIÓN DE UNA AGENDA PRO-PAZ - Por Anthony Romero, ACLU

FORMULACIÓN DE UNA AGENDA PRO-PAZ - Por Anthony Romero, ACLU

Discurso de Anthony Romero, Director Ejecutivo de la ACLU ante la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, un organismo internacional de carácter académico, regional y autónomo, creado en 1957, por los gobiernos de América Latina y el Caribe con sede en Santiago de Chile.

Es un gran honor para mí dirigirme a un grupo tan prestigioso como el aquí convocado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Al convocar esta conferencia, ustedes han planteado el tema más importante que enfrentan gobiernos y ciudadanos de todo el continente americano, es decir, cómo establecer una agenda pro-paz en este hemisferio y, espero, en el mundo entero.

¿Por qué es tan importante una agenda pro-paz? Después de todo, ha sido una cuestión de vital importancia para América Latina durante por lo menos los últimos 30 años. Sin embargo, en Estados Unidos cobró mayor importancia recién en los últimos dos años con la aparición del terrorismo global y el énfasis que se ha puesto en la seguridad nacional.

El 11 de setiembre de 2001, Estados Unidos fue víctima un ataque brutal e inesperado. Tres mil civiles inocentes fueron incinerados en la ciudad más importante de nuestra nación, nuestra capital, y en una zona rural de Pensilvania. Entonces, Estados Unidos declaró la guerra al terrorismo global. Movilizó sus fuerzas armadas para luchar en el exterior y persuadió a muchos de sus aliados a sumarse a sus esfuerzos. Al mismo tiempo, internamente, el Congreso se apresuró a aprobar una amplia ley conocida como Ley Patriota de Estados Unidos. Esta ley aumentó en gran medida las atribuciones del gobierno para violar la privacidad, el debido proceso (due process) y el derecho a la libertad de expresión de los norteamericanos, todo ello en el nombre de la lucha contra el terrorismo.

Eso fué casi dos años atrás, pero la ""guerra contra el terror"" todavía está con nosotros. De hecho, es probable que siga estando con nosotros por mucho tiempo. Recordemos que la Guerra Fría duró unos 40 interminables años. Y ya hay evidencia de que la guerra contra el terror va a ser un conflicto global igualmente prolongado.

Un estudio reciente del World Markets Research Center demuestra que la naturaleza del terrorismo global ha cambiado radicalmente desde el 11 de septiembre. De acuerdo con este estudio, el terrorismo ha pasado de ser un riesgo a nivel país, de pequeñas proporciones, a ser un fenómeno global con costos humanos y financieros que aumentan vertiginosamente. En lo que respecta a los costos humanos, los autores de este estudio hacen clara referencia a la terrible pérdida de vidas, pero hay otros costos humanos que van en continuo aumento y que también deben tomarse en cuenta, y estos son los producidos por la pérdida de libertad y por el debilitamiento de los valores constitucionales liberales.

Enfrentamos ahora un inmenso desafío: garantizar nuestra seguridad nacional sin sacrificar nuestra libertad. Lamentablemente, en tiempos de guerra, son demasiadas las veces en que se cambia la libertad por seguridad. Este trueque es peligroso y contraproducente, ya que destruye la confianza en el principio de legalidad, que constituye la fortaleza esencial de toda sociedad libre y democrática.

Por lo tanto, para establecer una agenda pro-paz más efectiva, nuestra tarea consiste en construir y mantener democracias fuertes y llenas de vitalidad, democracias basadas en el principio de legalidad, protegidas por un mecanismo de equilibrio de poderes y responsables ante el pueblo. Estados Unidos ha estado dedicado a esta tarea durante los últimos 227 años pero, sin importar cuán orgullosos estemos de nuestra trayectoria, el hecho es que nuestra historia está marcada por varios fracasos tremendos en la defensa de la libertad en tiempos de crisis.

HISTORIA DE LA LIBERTAD EN TIEMPOS DE CRISIS

En 1798, el Partido Federalista aprobó las Leyes sobre Extranjeros y Sedición, que se utilizaron para reprimir la libertad de expresión y de asociación. Durante la Guerra Civil, el presidente Lincoln suspendió el mandamiento de habeas corpus, negándole a los civiles encarcelados por autoridades militares el derecho a una pronta determinación judicial de culpabilidad o inocencia. A comienzos de la Primera Guerra Mundial, el Congreso, con el apoyo del presidente Wilson, aprobó la Ley de Espionaje de 1917 y la Ley de Sedición de 1918, que fueron utilizadas por fiscales federales autoritarios y jueces sumisos para montar un ataque a toda escala contra la libertad de expresión. Asimismo, el presidente Wilson creó el Comité de Información Pública, que alentó a los ""ciudadanos patrióticos"" a denunciar a sus vecinos sospechados de deslealtad.

Más tarde, justo cuando la Primera Guerra Mundial estaba por culminar, una serie de violentos ataques y bombardeos sacudió ciudades de Estados Unidos y generó el temor de que la Revolución Rusa se estuviese importando a nuestro país. El procurador general A. Mitchell Palmer nombró a J. Edgar Hoover para reunir información sobre organizaciones radicales. Esto derivó en las infames ""incursiones Palmer"", en las que miles de personas fueron arrestadas por sospecha de radicalismo y muchas fueron deportadas sin procedimiento previo.

El incidente más vergonzoso se produjo en 1942, cuando el presidente Franklin Roosevelt firmó una orden ejecutiva autorizando el confinamiento de más de 110.000 individuos de ascendencia japonesa. Dos tercios de esos individuos eran ciudadanos norteamericanos. No se levantaron cargos contra ellos, no se llevaron a cabo audiencias, a ninguno se le informó a dónde lo llevaban ni por cuánto tiempo. La ACLU objetó este confinamiento ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero el caso se perdió con una decisión de 6 a 3.

Luego llegó la Guerra Fría, y los rumores de infiltración y conspiraciones comunistas alimentaron los temores de la gente. En 1950, en respuesta a estos temores, el Congreso aprobó la Ley McCarren, que exigía el registro de todos los comunistas. El presidente Truman vetó esta ley, pero la decisión del Congreso prevaleció sobre su veto. En 1954, el Congreso aprobó la Ley de Control Anticomunista, que despojó al Partido Comunista de ""todo derecho, privilegio e inmunidad"". La histeria pública provocada por la ""Amenaza Roja"" arrasó a la nación y generó una amplia gama de restricciones federales y estatales a las libertades de expresión y asociación.

Finalmente, durante la Guerra de Vietnam, el FBI llevó a cabo una campaña de contrainteligencia (COINTELPRO, por sus siglas en inglés), que reunió de manera secreta informes políticos sobre más de medio millón de norteamericanos, incluidos participantes en manifestaciones pacíficas como el Dr. Martin Luther King.

TRES LECCIONES DE LA HISTORIA NORTEAMERICANA

Estas violaciones de la libertad representan uno de los aspectos más negativos de nuestra historia y nos enseñan tres cosas: la primera, que la historia no es indulgente con las restricciones a la libertad que se establecen en situaciones de crisis. Las posteriores generaciones de norteamericanos ven estas medidas con vergüenza y toman medidas para revocarlas.

Pensemos en lo que pasó en cada uno de los casos que acabo de describir:

• El presidente Thomas Jefferson indultó a todos los que habían sido arrestados por aplicación de la Ley de Sedición, y el Congreso les reintegró las multas que habían pagado.

• Un año después de terminada la Guerra Civil, la Corte Suprema estableció que, en tanto los tribunales civiles estuvieran funcionando, el presidente no tenía facultades para suspender el derecho de habeas corpus, ni siquiera en tiempos de guerra.

• Un año después de las incursiones Palmer, el Congreso derogó la Ley de Sedición. Cuatro años más tarde, el Procurador General ordenó el fin de la vigilancia sobre los políticos radicales. Y en el curso de los 50 años siguientes, la Corte Suprema anuló cada una de las decisiones que había tomado durante la Primera Guerra Mundial limitando la libertad de expresión y de asociación.

• En 1980, un comité del Congreso llegó a la conclusión de que el aislamiento de japoneses-norteamericanos por parte de Franklin Delano Roosevelt había violado los derechos de esos ciudadanos. Ocho años más tarde, el presidente Ronald Reagan ofreció una disculpa pública e indemnizaciones a cada uno de los confinados.

• Finalmente, en 1976, cuando el alcance del espionaje interno del FBI salió a la luz, el Congreso lo condenó enérgicamente y el Procurador General estableció una serie de líneas generales que limitaron las facultades de vigilancia del FBI.

Cada una de estas restricciones a la libertad fué posteriormente lamentada y revocada. Por supuesto, el daño infligido a la vida y a la reputación de personas inocentes no puede repararse.

La segunda lección que nos ha enseñado la historia es que la libertad, como realidad práctica, es una experiencia relativamente reciente y nunca debería darse por sentada. Por ejemplo, tuvieron que pasar 150 años antes de que los jueces asumieran la responsabilidad de defender el derecho a las libertades de expresión y de asociación. El punto de inflexión se dió alrededor de 1920, después de las incursiones Palmer, cuando un grupo de prestigiosos y valientes abogados publicó un informe objetando la insistencia del gobierno en considerar el disentimiento político como una actividad ilegal y afirmando que el gobierno había actuado en abierta violación del debido proceso. El año 1920 fué también el de la fundación de la ACLU.

La tercera y última lección que podemos aprender de la historia de Estados Unidos es que no debe permitirse el dictado del prejuicio y el temor popular sobre la política porque, cuando esto sucede, hasta los hombres y las mujeres de bien pueden perder rápidamente su fé en la Constitución y en la Declaración de Derechos Civiles. Quiero recordarles que el ejemplo más vergonzoso de privación de derechos (el confinamiento de japoneses-norteamericanos) fué aprobado por tres de los hombres más grandes del liberalismo norteamericano, como el presidente Franklin Roosevelt, Earl Warren, que en ese momento era Procurador General de California, y el Juez de la Corte Suprema Hugo Black.

Es por ello que la democracia nunca debe basarse en el imperio de los hombres y las mujeres, sino en el imperio de la ley.

ACTUALES DESAFÍOS A LA LIBERTAD

¿Estará Estados Unidos en peligro de cambiar libertad por seguridad, sin tomar en cuenta lo que nuestra historia nos enseña? Sí, pienso que sí y que hace falta demostrar que hay una manera mejor de hacer las cosas, que, en tiempos de guerra, las democracias pueden ofrecer tanto seguridad como libertad.

Ya he mencionado la ampliación de las atribuciones del gobierno en virtud de la Ley Patriota de Estados Unidos. Esta ley fué impulsada a través del Congreso en respuesta a la presión de la gente, que reclamaba que la Administración y el Congreso ""hicieran algo"" inmediatamente después del incidente del 11 de setiembre. Por lo tanto, el Congreso aprobó esta ley con escaso debate y poca comprensión de sus consecuencias para la libertad.

Ahora bien, ¿cuáles han sido las consecuencias durante los últimos dos años? El gobierno ha tenido libertad para llevar a cabo más procedimientos secretos, más acciones de espionaje interno y una mayor práctica de perfilamiento étnico y religioso. Para ciudadanos y no ciudadanos por igual, esto ha significado menor privacidad, menor acceso al debido proceso, menor transparencia y menor equilibrio de poderes.

Déjenme compartir con ustedes unos pocos ejemplos. Empecemos con el aumento en la cantidad de procedimientos secretos. Después del 11 de setiembre, los inmigrantes fueron los primeros en sufrir restricciones a su libertad. Agentes del FBI se dispersaron en ciudades y campus universitarios en busca de personas con antecedentes étnicos árabes o sudasiáticos o con nombres árabes. Detuvieron a más de mil doscientos individuos en los días siguientes al ataque, dejando esposas, niños, compañeros de clase y empleadores preguntándose a dónde se habían llevado a estas personas y quién sería el próximo en ser llevado. El Departamento de Justicia se negó a identificar a los detenidos, argumentando que ello podría poner en peligro la seguridad nacional y poner sobre aviso a los terroristas.

Entonces, en un nuevo esfuerzo por negar información al público y a la prensa, el Departamento de Justicia decidió que todas las audiencias de deportación se realizarían a puerta cerrada. Esto le permitió al gobierno deportar a muchos de los detenidos acusándolos de violaciones menores de las leyes inmigratorias y negándoles acceso a un abogado.

El secreto, por supuesto, predispone al abuso. Y esto es exactamente lo que sucedió en el caso de los detenidos. Lo sabemos porque el propio Inspector General del Departamento de Justicia emitió un informe en junio de este año, dando detalles de ""irregularidades considerables"" en la manera en que el gobierno arrestó y trató a cientos de inmigrantes ilegales como parte de la investigación del incidente del 11 de setiembre. Según este informe (basado en información que no estaba a disposición del público), las autoridades han hecho pocos esfuerzos por establecer la diferencia entre los verdaderos terroristas y quienes quedaron atrapados en la investigación por casualidad. Muchos inmigrantes fueron encarcelados durante meses sin que se los acusara formalmente de nada ni se les diera acceso a abogados. Algunos sufrieron abusos físicos y verbales antes de que se aclarara que no tenían vínculos terroristas. La amplia mayoría de los detenidos no tenía conexión con el terrorismo.

También hemos sido testigos de un ataque a la privacidad. Digo ""ataque"" porque el gobierno está tomando medidas muy agresivas para limitar el derecho a la privacidad de prácticamente todos los norteamericanos. Por ejemplo, el FBI, en uso de sus mayores facultades de aplicación de la ley, puede llevar a cabo allanamientos e incautaciones (searches and seizures) subrepticios, sin notificar inmediatamente a las personas que son objeto de la investigación.

En la práctica, esto significa que, básicamente, no existen limitaciones al tipo y cantidad de información que el FBI puede reunir hoy en día (esto incluye registros financieros, historias clínicas, recibos de hoteles y comprobantes de contribuciones de beneficencia). Hasta puede obtener registros de los libros que uno haya tomado prestados en la biblioteca local.

Además, el gobierno está trabajando en varios programas con el único objetivo de acumular información sobre los norteamericanos. Primero, fué la Operación ""TIPS"", un programa que hubiese reclutado vecinos y trabajadores de las comunidades locales para espiar y denunciar al gobierno cualquier actividad sospechosa, algo que parece sorprendentemente similar a los comités cubanos de defensa de la Revolución. La ACLU colaboró para que se limitara el alcance del Programa TIPS, ya que era peligroso y estaba mal concebido.

Pero a la Operación TIPS le han seguido un sinnúmero de otros programas igualmente peligrosos. La Oficina de Conocimiento Total de la Información (TIA, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Defensa, está desarrollando diez programas diferentes, todos con el propósito de crear una amplia red de vigilancia electrónica para recopilar datos personales sobre todos y cada uno de los norteamericanos que viven el EEUU. El FBI está trabajando en un repositorio de datos de inteligencia y terrorismo que importará datos de agencias federales y los vinculará a las bases de datos de inteligencia de las policías locales. La Agencia de Seguridad en el Transporte cuenta con un nuevo sistema de perfilamiento para clasificar a los pasajeros de líneas aéreas, que se conoce como CAPPS II. Los departamentos de policía locales han desarrollado su propia red de inteligencia, la Rissnet.

Este crecimiento irrestricto de la actividad de vigilancia no se limita al ámbito gubernamental, sino que también se extiende al de las empresas privadas. Un buen ejemplo es el de Regulatory DataCorp International, una compañía establecida por un consorcio de bancos con el propósito de cumplir las disposiciones de la Ley Patriota de Estados Unidos que prohíben las operaciones con terroristas. Según su Director Ejecutivo, Bill Catucci, el grupo ha creado una base de datos que alberga 1,5 millones de nombres y sigue creciendo. Incluye traficantes de armas, personas mencionadas en los medios de comunicación por estar siendo investigadas o acusadas formalmente de delitos, personas sancionadas por organismos reguladores, y mandatarios extranjeros, sus colaboradores, amigos y familias.

Nadie puede negar que, en la era del terrorismo global, el gobierno necesita tener acceso a la mejor inteligencia para impedir ataques contra civiles inocentes. Sin embargo, las preguntas reales son: (a) ¿cómo se limita la cantidad de información recopilada para obtener pistas creíbles y correctas? y (b) ¿cómo se impide crear sospechas innecesarias sobre personas inocentes? Se está prestando muy poca o ninguna atención a estas cuestiones en la alocada carrera por acumular información con diversos grados de credibilidad y relevancia.

Tomemos, por ejemplo, el archivo que mantiene el FBI con información sobre terroristas y pandillas violentas (VGTOF, por sus siglas en inglés). En el momento de su lanzamiento, en 1995, el VGTOF se usaba principalmente para seguir la pista a las pandillas callejeras que se movían en zonas urbanas comportándose violentamente pero, a partir del año pasado, incluye a todas las personas sometidas a investigación del FBI por posible vinculación con actividades terroristas locales o internacionales. Al mismo tiempo, el FBI amplió discretamente el alcance de lo que define como ""terroristas potenciales"", expresión que ahora incluye anarquistas, ciudadanos armados, supremacistas blancos, extremistas negros, extremistas a favor de los derechos de los animales, extremistas medioambientales, extremistas islámicos radicales y extremistas de origen europeo. Los nombres incluidos en las listas de terrorismo del FBI ya suman más de 7.000 y se agregan a las decenas de miles de nombres de pandilleros.

Nadie conoce el margen de error que puede existir en el VGTOF ni en ninguna de las otras bases de datos, la mayor parte de las cuales no está a disposición del público. En su mayoría, las agencias ni siquiera acceden a confirmar si el nombre de uno está en lista de sospechosos. Iniciar una acción judicial para averiguarlo tampoco sirve de mucho, ya que las leyes de privacidad contienen muchas excepciones en pro de la seguridad nacional.

Esto nos lleva al debilitamiento del debido proceso. Desde el 11 de septiembre, el gobierno también ha actuado agresivamente para privar a personas de su libertad sin el debido proceso. Ya he mencionado los mil doscientos inmigrantes detenidos sin acusación formal ni acceso a abogados. No obstante, el derecho al debido proceso se ve especialmente amenazado por las acciones que el gobierno está tomando con respecto a individuos que califica de ""combatientes enemigos"". Esto incluye ciudadanos norteamericanos arrestados y mantenidos en detención por tiempo indeterminado, sin ser enjuiciados ni tener acceso a un abogado.

En la práctica, esto significa que el gobierno puede imponer un confinamiento solitario, tal vez de por vida, con sólo evitar darle al prisionero la posibilidad de un juicio. Esto no es una exageración. Tomando un caso concreto, un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó que el derecho constitucional a tener un abogado en ""todas las acciones penales"" no se aplicaba al combatiente enemigo Yasser Hamdi porque, como detenido, no estaba siendo encausado. El mismo tribunal también sostuvo que el presidente puede detener a cualquier persona a la que describa como combatiente enemigo y que los jueces no pueden poner en duda esa descripción en tanto el presidente presente evidencia, sin importar lo pequeña que sea.

No poder objetar a esa descripción es, tal vez, la peor parte de esta decisión judicial. Recordemos los ejemplos de la historia de Estados Unidos que describimos antes. La mayoría de las acusaciones de amenaza a la seguridad, ya sea contra radicales inmigrantes después de la Primera Guerra Mundial o contra japoneses-norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, carecían de mérito. ¿Cómo van a cumplir los tribunales su mayor responsabilidad, que es proteger la Constitución, si se rehúsan a reconsiderar las medidas adoptadas por el poder ejecutivo en tiempos de guerra? Después de todo, es precisamente en esas situaciones de crisis nacional cuando el riesgo para la libertad es mayor.

¿Y los 680 ciudadanos extranjeros que están detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo? Estos individuos están siendo retenidos bajo sospecha de ser miembros de Al Quaeda o del Talibán o de participar en actividades terroristas internacionales. Estados Unidos no ha levantado cargos contra ellos ni les ha reconocido la condición de prisioneros de guerra conforme a la Convención de Ginebra. Gran Bretaña y Australia han recibido garantías de Estados Unidos de que sus ciudadanos recibirán juicios justos y abiertos, y que no serán sometidos a pena de muerte.

Pero, ¿y el resto de los detenidos? ¿Qué será de ellos? Algunos de ellos pueden efectivamente ser enemigos pero, aún así ¿no tienen derecho a un proceso legal justo y predecible? ¿No deberían tener derecho a buscar testimonios o evidencias que podrían demostrar su inocencia?

Esto me lleva a mi punto final, que es la erosión del equilibrio de poderes. Concentrándose en la seguridad nacional a costa de la libertad, la Administración Bush ha intentado limitar o impedir a cada paso el control por parte de los otros dos poderes. Estos intentos por impedir la revisión judicial de los actos de la administración pública son difíciles de comprender, especialmente dado que los tribunales casi siempre se someten al poder ejecutivo en cuestiones de seguridad nacional. Esta actitud de acatamiento con respecto a la seguridad nacional es más o menos la misma en el caso del Congreso.

Desgraciadamente, lo único que ha hecho ese sometimiento es animar al poder ejecutivo a concentrar poder. Esto hubiese sido entendible en los días siguientes al 11 de septiembre, dada la gran preocupación de la gente y la presión para que se hiciera algo, pero no explica estos esfuerzos permanentes por acumular facultades de aplicación de la ley ni por utilizar tribunales secretos para obtener autorización para interceptar líneas telefónicas, ni tribunales militares para enjuiciar a personas sospechosas de terrorismo.

MEDIDAS DE OPOSICIÓN DE LA ACLU

Ante una postura tan agresiva por parte del gobierno, ¿qué ha hecho la ACLU, como principal organización en defensa de las libertades civiles y los derechos civiles en Estados Unidos, para ayudar a restablecer el equilibrio entre la libertad y la seguridad? Simplemente hemos recurrido a todos los medios que la democracia pone a nuestra disposición como ciudadanos para defender nuestros derechos constitucionales.

En primer lugar, utilizamos la vía judicial para objetar aquellas políticas cuyo propósito principal parecía ser la concentración de poder. Así logramos algunos éxitos notables, a pesar del tradicional sometimiento del poder judicial al ejecutivo en cuestiones de seguridad.

Por ejemplo, la ACLU presentó una demanda en contra la práctica gubernamental de celebrar audiencias secretas de deportación, argumentando que la transparencia y la imputabilidad son esenciales para el funcionamiento de la democracia. En una decisión sin precedentes, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos con asiento en Cincinnati dictó una decisión en contra del gobierno, declarando la ilegalidad de las audiencias secretas. ""Un gobierno que actúa a la sombra del secreto se coloca en una posición que se opone por completo a la sociedad que imaginaron los padres de nuestra Constitución,"" escribió el juez, quien también señaló que ""la democracia muere detrás de puertas cerradas.""

Esa fué una clara victoria de la libertad civil. Lamentablemente, en un segundo juicio, el Tribunal Federal de Apelaciones con asiento en Filadelfia tomó partido por la posición del gobierno y la Corte Suprema de Estados Unidos se ha negado a ver nuestra apelación.

Asimismo, acabamos de presentar la primera impugnación constitucional contra la Ley Patriota de Estados Unidos. Nuestra demanda pretende obtener la declaración de inconstitucionalidad de una parte importante de la ley por violación de los derechos de privacidad, debido proceso y expresión de los norteamericanos.

Además de presentar cerca de tres docenas de demandas por cuestiones relacionadas con el incidente del 11 de setiembre, la ACLU ha planteado la causa por la libertad directamente al pueblo norteamericano, explicándole qué es lo que está en juego e instándolo a participar activamente en defensa de los valores norteamericanos básicos. A través de nuestras organizaciones afiliadas en los 50 estados y en el Distrito de Columbia, hemos llevado a cabo, en distintas ciudades, asambleas y foros públicos para transmitir el mensaje de seguridad y libertad, y para alentar un necesario y vigoroso debate acerca de los excesos del gobierno.

El año pasado, lanzamos una campaña en defensa de la Constitución que constituye la piedra angular de nuestros esfuerzos por educar al público. Como parte de esta campaña, hemos puesto en el aire anuncios televisivos a nivel local y nacional, hemos organizado nuestras bases, hemos ejercido presión sobre los gobiernos estatales y locales, y hemos alentado al ciudadano común a controlar la instrumentación de la Ley Patriota de Estados Unidos.

Como consecuencia directa de este esfuerzo de educación dirigido al público, 152 comunidades de 27 estados han dictado resoluciones locales en apoyo del mensaje de seguridad y libertad. Además, nuestras organizaciones miembro han enviado cientos de miles de cartas al Congreso protestando contra medidas que significarían ganar seguridad a costa de libertad.

Y, este año, la ACLU convocó su primera asamblea general de miembros, en la que participaron más de 1.500 miembros de todo el país. Celebramos la asamblea en Washington, DC, para que las bases tuviesen la oportunidad de ejercer presión directa sobre sus representantes en el Congreso.

Esta asamblea tuvo un enorme éxito. Estimuló al conjunto de nuestros miembros y permitió que nuestro mensaje de seguridad y libertad pudiese ser transmitido directamente por el público votante al Congreso. Asimismo, brindó una oportunidad de comunicación con miembros clave de la Administración, como el Director del FBI, Robert Mueller, quien fué uno de nuestros oradores principales. Cómo podrán imaginarse, la sesión de preguntas y respuestas después de su discurso fué ¡de lo más animada!

Nuestro programa de educación al público también está haciendo mella en el Congreso. A principios de este año, el Congreso se negó por unanimidad a financiar el Programa de Conocimiento Total de la Información instrumentado por el Departamento de Defensa. La aprobación de su financiación ha quedado pendiente hasta que el Departamento de Defensa informe al Congreso sobre el impacto que ese nuevo programa de minería de datos tendrá sobre las libertades civiles.

Además, el Comité de Inteligencia del Senado se ha negado a otorgar a la CIA y al Pentágono nuevas y amplias facultades para obtener información personal acerca de los ciudadanos norteamericanos. El Senado también rechazó un intento de la Administración